A- de 2023

Conflicto de jurisdicciones suscitado entre el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Pasto (Nariño) y la autoridad indígena del Resguardo de Cuaspud Carlosama (Nariño).

La controversia se origina por escrito de acusación contra unos ciudadanos, miembros de comunidad indígena, por la presunta comisión de los delitos de secuestro extorsivo agravado y hurto calificado y agravado.

Luego de verificar el cumplimiento de los presupuestos subjetivo, objetivo y normativo para la configuración de un verdadero conflicto entre jurisdicciones, la Sala Plena hace el análisis ponderado de los elementos establecidos por la jurisprudencia para poder asignar la competencia y advierte que, los elementos subjetivo y territorial se encuentran acreditados; en cuanto al elemento objetivo, se concluye que para la sociedad mayoritaria los bienes jurídicos que se protegen con la tipificación de los delitos citados corresponden a la libertad personal y al patrimonio económico, respectivamente, tal como se prevé en los artículos 169 y 239 de la Ley 599 de 2000.

Por lo tanto, y de conformidad con lo señalado en la doctrina constitucional, el elemento objetivo no determina una solución específica en este caso.

En cuanto al elemento institucional, la Sala no encuentra acreditados de manera suficiente los elementos que permitan afirmar la existencia y respeto de las garantías mínimas del debido proceso, en tanto el gobernador en este punto sólo hizo alusión a la publicidad del procedimiento y a la participación de la comunidad, pero no constan en el expediente otros elementos relevantes, como el de cierta previsibilidad en el juzgamiento de las conductas o las posibilidades y espacios para el ejercicio de la defensa por parte de los comuneros procesados, como tampoco se encuentra acreditados de manera suficiente los mecanismos de participación, protección y reparación de las víctimas, cuando estas no pertenecen a la comunidad indígena.

Así las cosas, la Sala considera que la afectación de los derechos y garantías de las víctimas ajenas a la comunidad del resguardo resultan de mayor entidad que la privación del derecho de las autoridades del referido resguardo para conocer y juzgar el caso, y pueden derivar, en el supuesto que aquí se examina, en el desconocimiento del derecho de acceso a una administración de justicia efectiva y, eventualmente, en un ejercicio de revictimización que, por eso mismo, no brinda una solución adecuada al conflicto social generado por las conductas investigadas.

En consecuencia, la Corte resuelve asignar la competencia a la Jurisdicción Ordinaria y remitir el expediente al Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Pasto, para lo de su competencia y para que comunique esta decisión al Cabildo Indígena de Carlosama y a los demás interesados.